- En la revisión adelantada por la nueva administración de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), sobre contratos suscritos durante el gobierno de Gustavo Petro, se identificaron presuntas irregularidades relacionadas con la financiación de contratos de prestación de servicios con recursos fiduciarios destinados a proyectos específicos de infraestructura.
- Los hechos, que podrían configurar presuntas vulneraciones al Estatuto Anticorrupción y al régimen de contratación estatal, fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General, Procuraduría General y Contraloría General de la República.
Bogotá, D.C., 12 de octubre de 2026. (@ANI_Colombia). La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), terminó más de 120 contratos de prestación de servicios tras detectar presuntas irregularidades en el uso de recursos fiduciarios evitando de esta manera un daño patrimonial de $22.419 millones, correspondientes al valor de los contratos financiados con recursos provenientes de las fiducias de los proyectos de concesión.
De acuerdo con la revisión realizada por la nueva administración de la ANI, sobre contratos suscritos durante el gobierno de Gustavo Petro, se encontraron situaciones en las que debía verificarse la correspondencia entre las actividades contratadas y la destinación legal de los recursos de las fiducias de los proyectos de concesión. También se identificó contratos con obligaciones iguales a las actividades propias de la interventoría, es decir, se estaba pagando dos veces por lo mismo, por lo tanto, se evidenció la posible violación del estatuto anticorrupción y de la ley penal por una presenta celebración indebida de contratos.
Como resultado de la inspección, la ANI dio por teminados los contratos como parte de las medidas adoptadas para corregir las situaciones identificadas y fortalecer la legalidad y la transparencia en la contratación. Ante los hechos que podrían configuar presuntas vulneraciones al Estatuto Anticorrupción y al régimen de contratación estatal, se pusieron los hechos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, para lo de su competencia.
La nueva administración de la Agencia, está reforzando los controles para que los recursos fiduciarios se utilicen conforme a su destinación y las obligaciones contractuales estén debidamente justificadas legalmente.