El punto de partida de esta iniciativa fue una mesa de trabajo interinstitucional convocada por la ANI donde participaron la Aeronáutica Civil, el concesionario Aeropuertos de Oriente, la interventoría Consorcio JET,  las secretarias de Planeación, Gobierno e Infraestructura de la Alcaldía de Cúcuta y la Curaduría Urbana. Allí los diferentes actores identificaron su responsabilidad en el control y atención de esta situación. 

“Este modelo, que surge desde la supervisión técnica del proyecto y la gestión social, es de gran importancia para la seguridad de la operación de los aeropuertos. De hecho ya hay un censo que realizamos de estos predios. Las autoridades municipales deben ser conscientes de su papel en el cuidado y mantenimiento de las zonas perimetrales y de buscar herramientas administrativas que controlen la construcción de edificaciones contiguas al aeródromo y las ocupaciones ilegales”, aseguró Andres Figueredo Serpa, vicepresidente de gestión contractual de la ANI.

El plan piloto busca tener información clara y real del estado de las ocupaciones identificadas, a partir de la generación de una base de datos que estará al alcance de las autoridades; y generar también planes de acción interinstitucionales que mitiguen las situaciones evidenciadas.

En las zonas perimetrales se generan también vertimientos de aguas residuales e industriales, y el asentamiento de cultivos, criaderos y botaderos de basuras que incluso atraen todo tipo de aves que se convierten en un riesgo para el despeje y aterrizaje de las aeronaves, de ahí la importancia de la regularización de este tipo de actividades en las zonas aledañas a la terminal.
Este modelo también se replicará en los aeropuertos Simón Bolívar de Santa Marta y Almirante Padilla de Riohacha donde se espera tenga la misma acogida y respaldo por parte de las autoridades territoriales.