Bogotá, 28 de abril de 2018. (@ANI_Colombia). – A partir de la creación y puesta en marcha de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en 2011, la Entidad logró ahorrarle al Estado cerca de 2,4 billones de pesos en pretensiones económicas formuladas por concesionarios ante 39 Tribunales Arbitrales.

El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Dimitri Zaninovich, explicó que “estos resultados son una muestra del acierto que tuvo el Gobierno Nacional al crear a la ANI como una entidad técnica capaz de estructurar, contratar y ejecutar las más importantes obras de infraestructura que requiere el país, y de un equipo altamente calificado en defensa judicial que garantiza la seguridad jurídica de todos los proyectos”.

Los tribunales de arbitraje son escenarios judiciales conformados por particulares expertos en contratación de infraestructura, y le han permitido a la ANI contar con una herramienta eficaz y especializada en los asuntos de la Entidad que da mayor celeridad, neutralidad y especialidad en la resolución de estos conflictos, en comparación con la justicia ordinaria, pero con los mismos efectos y alcances de una decisión judicial.

Explicó que el proceso arbitral es más corto, aunque tiene similares pasos a un proceso judicial, no se cuenta con segunda instancia, por lo que solo procede recurso de anulación, que es una oposición muy excepcional. 

De los 23 laudos emitidos en vigencia de la ANI, un Tribunal en promedio demoró hasta la decisión final dos años y seis meses. El más expedito fue de un año y dos meses mientras que el más largo fue de cinco años y tres meses. Aun así, es más rápido que el tiempo promedio de emisión de las sentencias en segunda instancia en la jurisdicción administrativa que ha llegado a registrar casos de hasta 10 años.

“Nuestra defensa en los tribunales arbitrales la hemos orientado principalmente en garantizarle a los colombianos que los contratos para la construcción de la infraestructura se deben ejecutar en los tiempos y con las condiciones con las que se fijaron desde el inicio.”, indicó Dimitri.

Junto al gran acierto en la defensa judicial de evitar el pago a los concesionarios por $2,4 billones en el marco de los tribunales, la experiencia les ha puesto a los expertos de la entidad un reto que ya viene cobrando frutos: lograr que los litigios disminuyan y que la gestión contractual de los proyectos se realice con mayor seguridad jurídica, teniendo como soporte las decisiones arbitrales emitidas.

Una explicación del arbitraje

El mecanismo del Arbitraje es un método alternativo de solución de conflictos, dirigido por particulares, 3 árbitros, 1 secretario y un Centro que administra el trámite, es una justicia con costo dependiendo de la cuantía de la controversia y con límites a estos honorarios y gastos, fijados en la ley y en los contratos.

La designación de los árbitros se hace de mutuo acuerdo con el Concesionario, pero la Entidad debe cumplir una directiva presidencial para la revisión y valoración de los candidatos a proponer para conformar el Tribunal.  La ley impone restricciones para que las personas sean designadas como árbitros y secretarios, de máximo 3 tribunales en infraestructura.

El proceso arbitral, en principio es más corto, y tiene similares pasos a un proceso judicial. La decisión (Laudo) tiene los mismos efectos y alcances de una sentencia judicial. Frente a esta decisión no se cuenta con una segunda instancia, solo procede un recurso extraordinario de anulación, que es una oposición muy excepcional.