Bogotá, DC. 16 de julio de 2018. (@ANI_Colombia). – Los Tribunales de Arbitraje dictaron dos laudos a favor del Estado colombiano, por demandas contra la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) por las firmas Opain y Sacyr, encargadas del Aeropuerto El Dorado y de la Autopista de Cuarta Generación (4G), Puerta De Hierro-Palmar de Varela y Carreto Cruz del Viso, respectivamente.

Opain pretendía en su demanda que el Tribunal declarara que no debía descuento del 4% por haber incumplido las obligaciones del contrato, y por lo contrario que el Estado a través de la ANI, tuviera que reintegrar estos valores.

Gracias al trabajo del grupo de expertos de Defensa Judicial de la Entidad, la suma pretendida por Opain en el Tribunal que inició el 9 de septiembre de 2016 ,se resolvió a favor de la ANI el 11 de julio de este año, ahorrándole al país más de 62.000 millones de pesos.

El segundo Laudo, iniciado por la multinacional española Sacyr, representada por su filial para Colombia, Concesionaria Vial Montes de María SAS, determinó que la decisión emitida por el panel de amigables componedores que obligaba a la Concesionaria a ejecutar el contrato de Concesión, era totalmente válida y que el Contratista no podía excusarse en la ejecución del proyecto. Este proceso inició el 15 de mayo de 2017 y se resolvió el 13 de julio de 2018, y la constructora tendrá que asumir los costos procesales del Tribunal.

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) ratifica su compromiso con el país por adelantar y respetar el debido proceso en todos los casos en que haya vicisitudes entre las concesiones y la Entidad, garantizando la fiel ejecución contractual, no solo en los aspectos jurídicos sino en la calidad de las mismas obras para asegurar a los colombianos su ejecución.

La defensa en los tribunales arbitrales con el grupo de expertos de ANI ha orientado su trabajo principalmente a garantizarle a los colombianos que los contratos para la construcción de la infraestructura se deben ejecutar en los tiempos y con las condiciones con las que se fijaron.

Dentro de los grandes aciertos en la defensa judicial ha sido evitar el pago a los concesionarios por el orden de los $2,4 billones en el marco de los tribunales, y la experiencia les ha puesto un reto que ya viene cobrando frutos: lograr que los litigios disminuyan y que la gestión contractual de los proyectos se realice con mayor seguridad jurídica, teniendo como soporte las decisiones arbitrales emitidas.