Tribunal Arbitral dio la razón a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en un proceso convocado por la empresas CEMAS, con lo que evitó el pago de una condena por $57.665 millones, en otro muy favorable resultado en la gestión jurídica que adelanta la entidad.
 
CEMAS había presentado una reclamación económica en la que pretendía el pago por la suma señalada por el reflotamiento de la Draga Calima, la cual se encontraba hundida en inmediaciones de la zona portuaria de Buenaventura.
 
Para el Tribunal si bien el reflotar la draga no era una obligación del concesionario, sí lo era el asumir los eventos de fuerza mayor así como los costos que ello hubiese generado, dado que así lo habían pactado las partes como un elemento de los riesgos asignados al contratista. Igualmente, el Tribunal encontró que la ANI no había incumplido ninguna de sus obligaciones relacionadas con el área concesionada.
 
“Se vuelve a demostrar que con un equipo jurídico alineado con los intereses del Estado y que defiende los recursos públicos, se pueden lograr resultados muy favorables en nuestra gestión, como el que le estamos presentando al país”, dijo el presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade.